Podría considerarse que el elemento que uniría toda esta maraña detrás de la Seguridad Esencial, es por un lado, la conformación de una Fuerza de Respuesta Rápida (FRR) multinacional centroamericana y por el otro una armada multinacional caribeña, propuestas por el entonces Secretario de Defensa de EE.UU., Rumsfeld en apoyo a los acuerdos económicos, que permita superar los riesgos a la seguridad en la región y afianzar los negocios.
Si bien, el gobierno de Arias rechazó la propuesta de Rumsfeld de la creación de las FRR con el argumento de “al menos en el caso costarricense, se topa con el impedimento constitucional de que este país no puede involucrarse en ese tipo de medidas”[1] este gobierno se ha caracterizado por una tendencia hacia la conformación de un Estado policial, etapa predecesora del Estado de guerra.
Esta tendencia del régimen de Arias se constata en la “alianza estratégica” que pactó con empresas de seguridad privada que será “el principio de la contundente victoria contra la delincuencia” según llegara a afirmar el ministro de seguridad Fernando Berrocal[2]. Sin embargo, tal como se ha afirmado en páginas anteriores, debemos preguntarnos qué entiende este gobierno por delincuentes, ya que, por ejemplo, el movimiento estudiantil de las universidades públicas ha sido criminalizado por este gobierno, con lo cual cabe igualmente preguntarse, ¿es esta “alianza estratégica” un mecanismo para la represión del criminalizado movimiento estudiantil?
Mejor prueba de la represión policial contra el movimiento estudiantil, y prácticamente contra toda la oposición al TLC se contempla en la lucha que emprendió la policía contra los manifestantes en la marcha contra el TLC del 14 de septiembre de 2006 en Cartago, donde también se realizaron detenciones arbitrarias contra los manifestantes[3].
Se incluye, además, el contingente policial que acompaña al presidente Arias a todos los actos públicos, “ni los recintos eclesiásticos se salvaron de esa política coercitiva: en la norteña ciudad de San Carlos varios cientos de policías rodearon la Catedral, limitaron el acceso a esta y catearon a los asistentes a una misa en la que coincidirían con el mandatario. Tanta fue la afrenta, que hasta el obispo Sancasimiro condicionó la realización del oficio religioso al levantamiento de los retenes y el cese del hostigamiento a los feligreses”[4]. Sin embargo, el gobierno defendió las medidas de seguridad que consistió en cerrar 200 metros de vías aledañas a la Catedral en presencia de 150 oficiales, con el argumento de que “un grupo de adversarios al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos están siguiendo a Arias por el todo el país”[5].
El gobierno de Arias ha destinado gran parte de los recursos al sector de seguridad. En 2006 destinó $30 millones al Ministerio de Seguridad para la “reparación” de diversas delegaciones policiales en el país. Este Ministerio, además, recibió ¢1.100 millones en donación por parte del gobierno de Taiwán, para la compra de nuevas unidades. Se anunció que para el 2007 el presupuesto para la seguridad crecería en un 35%[6].
Sin embargo, es medular, en relación a la cláusula de Seguridad Esencial, el fortalecimiento del Departamento de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y de la Unidad Especial de Intervención que forman parte del Ministerio de la Presidencia, a cargo, actualmente, del hermano del presidente Arias, Rodrigo Arias.
De acuerdo al decreto presidencial Nº 32522-MP en relación al reglamento de organización y funcionamiento de la DIS[7] este es un órgano de consulta del Presidente de la República y adscrito, como se mencionó anteriormente, al Ministerio de la Presidencia (artículo 1). Es decir, responden exclusivamente a los hermanos Arias[8]. Sobra mencionar lo estipulado en el artículo 2 del reglamento, que hace referencia al carácter secreto de los procedimientos utilizados, en relación a terceras personas, para el éxito de las investigaciones.
El presupuesto que se le asignó a esta cartera para el 2007 fue de ¢4.496,7 millones, equivalente al 0,2% del monto total del Presupuesto Nacional para el 2007. Este monto es superior en ¢636,2 millones, o sea un 16,5%, respecto al monto presupuestado para el 2006. De este presupuesto el 32,9%, es decir, ¢1.483 millones se destinan al Departamento de Inteligencia y Seguridad Nacional, superado únicamente por el Programa de Administración Superior que consume el 44,9%, ¢2.019,3 millones[9].
Según el informe “Audiencia 202-2007” realizado por el Ministerio de la Presidencia en relación al presupuesto de esa cartera para el 2007, dirigido al departamento de análisis presupuestario de la Asamblea Legislativa[10], el presupuesto para la DIS creció en un 21% en relación al 2006.De acuerdo con el informe entre los “productos propuestos” como metas anuales de la DIS se encuentra el “Servicio de Información en materia de Seguridad Nacional”, que junto al rubro de las “Investigaciones Realizadas” (operativos) no se pueden cuantificar para los Principios de Programación[11] presupuestaria, pese a que al rubro de las investigaciones realizadas, para el 2005 se cuantificó en 5.800 operativos. Es paradójicamente durante la administración Arias que dichos rubros no son cuantificables.
En cuanto al destino del presupuesto para la DIS, el 72,2% del total, es decir, ¢1.129,5 millones se emplean para el pago de la planilla que se mantuvo invariable en 152 puestos, para los años 2006 y 2007. El resto del presupuesto se divide entre pago de Seguros (¢56,0 millones); combustibles y lubricantes (¢40,0 millones); membresía para pertenecer a la INTERPOL (¢28,0 millones); y por último, “¢20,0 millones en la subpartida Cuentas Especiales (Gastos confidenciales) para apoyar y atender funcionarios de organismos internacionales, en el área de inteligencia, que visitan el país para actividades de prevención de amenazas a la seguridad del Estado” (énfasis BGH)
Se podría suponer que por funcionarios extranjeros de organismos internacionales del área de inteligencia, se habla de agentes de la CIA, FBI y el NSA, entre muchos otros. Podría hacerse un vínculo cada vez más fuerte entre estas agencias de inteligencia con la DIS en el marco de un TLC con EE.UU., todo ello en nombre de la Seguridad Esencial contra las amenazas al “patio trasero” estadounidense.
En relación a la Unidad Especial de Intervención, es importante rescatar que de acuerdo al decreto presidencial Nº 32523-MP referente al reglamento de organización y funcionamiento de este órgano, en su artículo 1 se estipula que este es “un cuerpo policial especializado en operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico” al servicio de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia (Artículo 2) y cuyo objetivo principal es “la protección de la vida de las personas o de los bienes estratégicos o de alto valor nacional” , que se encuentra estipulado en el Capítulo IV de sus atribuciones, de las que resaltan diferentes incisos del artículo 17: a) Proteger a los miembros de los supremos poderes y dignatarios (…) Además, protegerá a los dignatarios que visiten el país, esto en coordinación con otros cuerpos policiales que intervengan; y únicamente durante el tiempo que resulte estrictamente necesario, a fin de preservar su poder de respuesta ante otras situaciones que pudieran presentarse (énfasis BGH). c) Intervendrá en operativos de alto riesgo derivados del terrorismo, del narcotráfico y en aquellas situaciones de evidente o sumo peligro para la vida de las personas o para proteger los bienes estratégicos o de alto valor nacional, de conformidad con las normas legales y operacionales que la necesidad justifique. La condición de alto riesgo podrá ser invocada por el órgano estatal que solicita la participación de la Unidad Especial de Intervención, sin embargo, tal calificación será en definitiva a discreción y responsabilidad del Director General de la Unidad, que planteará el asunto ante sus superiores jerárquicos para obtener la autorización que indica el artículo 20 de la Ley General de Policía (énfasis BGH).
Para la realización de operativos y de acuerdo a la especificidad de sus funciones, el artículo 18 de este órgano estipula que “deberá contar con la previa y expresa autorización del Presidente de la República” (énfasis BGH).
De lo anterior resultaría interesante el vicio que se daría si, en un caso hipotético, el resultado del referéndum presentara ciertas irregularidades, como sucedió en las elecciones presidenciales de 2006, que generarían cierto malestar en la población y la presidencia de la república invocara la “condición de alto riesgo” para la intervención de la Unidad Especial de Intervención ante una aparente “amenaza terrorista” que atenta contra la vida de “personas y bienes de alto valor nacional”. Dicha intervención, he aquí el vicio, “deberá contar con la previa y expresa autorización del presidente de la república”.
De acuerdo al informe “Audiencia 2002-2007”, en relación al presupuesto para el Ministerio de la Presidencia, ¢650,3 millones se destinaron a la Unidad Especial de Intervención, presupuesto que presentó un incremento del 34% en comparación al asignado para el 2006. De este, el 59,6%, es decir ¢387,4 millones, se destinaron al pago de la planilla que se ha mantenido invariable para los tres años anteriores en 45 puestos. Se incorporan además egresos relacionados al mantenimiento de edificios y locales (¢30,0 millones); alimentos y bebidas (¢8,0 millones), rubro asignado por las funciones y horarios realizados; y edificios (¢45,0 millones).
En relación a los “productos” esperados, se detallan 2: “Seguridad Nacional” y “Seguridad Nacional (operativos realizados)”. Sin embargo, el informe presenta la misma cuestión que en el programa de la DIS, no pueden ser cuantificables, pese a que los operativos realizados en materia de Seguridad Nacional, para el 2005, sumaron 160 operativos.
No sería de extrañar la degeneración del régimen de Arias en una dictadura, posiblemente no de la misma magnitud que las dictaduras de seguridad nacional que se implantaron, con apoyo de EE.UU., en América Latina durante la guerra fría, pero sí con el mismo objetivo: contener la movilidad social contra las políticas revisionistas estadounidenses.
Según Elizabeth Fonseca, Diputada por parte del Partido Acción Ciudadana “el 3 de setiembre del 2005 cuando era candidato Arias declaró a la Prensa Libre: “las reformas importantes como el Plan Fiscal y el TLC no avanzan. Bajo esa premisa, creo que es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia, es decir, un mandato claro, con un líder que sabe qué es lo quiere y quiénes le pueden ayudar a conseguirlo”[12].
Calza perfectamente el título de Dictadura Democrática al régimen de los hermanos Arias, que culmina con el proceso de oligarquización descrita por Saxe Fernández desde 1995. De ahí que, la aprobación de la reelección presidencial abre “las puertas para una nueva ronda del clásico caudillismo y, con ello, la posibilidad del tipo de crisis políticas ya superadas en 1948” (1995:4). Producto de la aprobación de la reelección, “la oligarquía se asienta en el poder con una de las peores de sus tradiciones políticas” (2005:316). Dictadura en cuanto, gobierno de/por/para pocos, asalta al poder mediante un golpe técnico de Estado: la reelección presidencial. “La prohibición a la reelección presidencial fue establecida para impedir la formación de oligarquías. La vigencia de la reelección también señala la oficialidad del régimen neo oligárquico” (Íbidem).
Esta dictadura se autoproclamará como “esencial” para alcanzar el “desarrollo” del país. Sus políticas serán dogmas que deberán ser acatados al pie de la letra. Producto de ello, y en relación al tratado de libre comercio, la oligarquía costarricense padece de “TLCfilia”[13]. Sin embargo, para mantener un bajo perfil internacional, acorde a los “estándares” estadounidenses, esta dictadura se presentará como “democrática”. Ellos, el gobierno, creen en la democracia, por eso, los opositores al TLC, pueden manifestarse “libremente”, eso sí, manifestaciones pacíficas, promovidas y garantizadas por el mismo gobierno, y NO, por los manifestantes. Por tanto, Costa Rica es “Democrática”. La represión policial, la censura a la opinión pública contraria al TLC, la criminalización al movimiento estudiantil universitario, son cuentos chinos, pura fantasmagoría.
En este punto es importante tener presente la explicación de Marcuse a las trasgresiones del lenguaje. “Nombres como «libertad», «igualdad», «democracia» y «paz» implican, analíticamente un grupo específico de atributos que se presentan inevitablemente cuando el nombre se escribe o se menciona (…) las trasgresiones del lenguaje más allá de la cerrada estructura analítica se convierten en incorrecciones o en propaganda (…) en este mundo del lenguaje público, el lenguaje se mueve mediante sinónimos o tautologías; en realidad, nunca avanza hacia la diferencia cualitativa” (1972:118).
El objetivo de esta trasgresión al lenguaje es la de hacer inmune a la contradicción a todo el discurso de dominación. En el “universo del discurso en el que los opuestos se reconcilian tiene una firme base para tal unificación: su provechosa destructividad” (1972:119). Por tanto, el uso y abuso por parte de la Administración Bush, y uno de sus aliados inmediato, el régimen de Arias, de palabras como democracia, tienen como fin último, la eliminación de todo lo “democrático”.
Esta trasgresión del lenguaje, para la eliminación de todo lo “democrático” se encuentra plasmada de una forma clara y cínica en el Memorándum con fecha de 29 de julio de 2007, enviado por el vicepresidente Kevin Casas y el diputado oficialista Fernando Sánchez, para el presidente Oscar Arias y el ministro de la presidencia Rodrigo Arias. En el, mediante una campaña de estimulación del miedo se expresa que “es crucial convertir al SÍ en equivalente con la democracia y la institucionalidad (es lo que decía Eduardo Ulibarri: hay que ir llenando al SÍ de un contenido de valores) y al NO en equivalente de la violencia y la deslealtad con la democracia. Aquí hay algo muy importante: esta campaña ya dejó de ser racional y, en consecuencia, sobre el contenido del TLC. Así, el argumento de la defensa de la democracia es el único recurso que nos queda para movilizar la emoción de la gente que está a favor del TLC. En este momento la gente que está a favor no sólo no tiene motivación alguna, sino que se siente intimidada por la motivación que muestra la gente del NO. Hay que entender una cosa: nadie está dispuesto a "morir" por el libre comercio, pero tal vez sí por la democracia. Hay que darle una motivación ética y no sólo instrumental al SI”.
Se constata de lo anterior, la validación de una práctica recurrente de esta administración y difundida reiteradamente por los medios de comunicación, aliados del régimen. Me refiero al terrorismo de Estado, que en última instancia no sólo servirá para la aprobación del TLC con EE.UU., sino para la consolidación de una dictadura de seguridad nacional, con la excusa de una creciente intromisión foránea de grupos “anti-democráticos” en el territorio nacional.
Ahora Bien, retomando la negativa a la participación en las FRR, recordemos que como Costa Rica es “democrática”, el gobierno de Arias rechaza la incorporación de Costa Rica a las FRR por respeto a la Constitución Política, cuando esta es pisoteada innumerables veces por todo el régimen de Arias: desde el hecho mismo de reelegirse para presidente a través de la decisión “inconstitucional” de la Sala Constitucional, hasta las declaraciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra que se encuentran precisamente enmarcadas en la Constitución Política de Costa Rica.
No debe olvidarse, además, que el artículo 12 de la Constitución Política de Costa Rica, aparte de proscribir el Ejército como institución permanente, también afirma que “sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares”, portillo que perfectamente podría utilizar el gobierno para garantizar la seguridad nacional -de la potencia del norte- y para defender la “democracia” que ha sido trasgredida por terroristas, a saber, la voluntad popular.
Ahora bien, apegándonos al incipiente respeto a la Constitución de este régimen, y por el daño a la imagen internacional de Premio Nóbel de la Paz que posee Arias, resultaría poco probable la adhesión de Costa Rica a las FRR, mas no de otros proyectos militares estadounidenses. Menciono como ejemplos la “Lucha contra las Drogas”, estrategia militar para el patrullaje defensivo de la plataforma continental, operativos de inteligencia y contrainsurgencia en el conflicto colombiano o incluso la promoción de la “democracia” en Cuba.
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[1] Meléndez, J. “Costa Rica se revela ante EE.UU.”. En El Universal. México. Lunes 2 de octubre de 2006. http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=51728&tabla=internacional
[2] Véase “dudas en torno a alianza de seguridad entre gobierno y empresas”. En www.informa-tico.com. Edición #119 02/10/06.
[3] Comisión costarricense de Derechos Humanos (CODEHU) en www.derechoshumanoscr.wordpress.com
[4] Costa Rica Solidaria. “Oscar Arias del Nóbel a la Militarización” en http://www.anep.or.cr/boletin/ la represión policial del gobierno de Arias es resumida de forma cronológica en: Frentes Comunitarios de Lucha contra el TLC. “Oscar Arias militariza y usa aparatos represivos en Costa Rica”. En el sitio web: http://www.anep.or.cr/boletin.
[5] Hernández, C. “Obispo Sancasimiro criticó excesivo plan de seguridad”. En La Nación. Noticias nacionales. Miércoles 27 de septiembre de 2006. En www.nacion.com
[6] Aguilar, N. “Gobierno destina $30 millones a comisarías”. En La Nación. Noticias Nacionales. Martes 26 de septiembre de 2006. En www.nacion.com.
[7]Publicado en la Gaceta #146 del 2005. Puede ser consultada en el sitio web:http://historico.gaceta.go.cr/2005/07/ALCA_29_07_2005.html
[8] Por ello resulta impactante la noticia sobre la agresión de un agente de la DIS al diputado de oposición José Joaquín Salazar, el 21 de agosto de 2007, quien denunció “la detención ilegal, violación de libertad de tránsito y agresión verbal y física que el pasado sábado 18 de agosto a las 11:30 a.m. sufrió en Zarcero por parte de oficiales de seguridad pública quienes adujeron “órdenes superiores” para impedirle al legislador el ingreso al Edificio Municipal donde se realizaba un acto oficial del Presidente de la República”. Es sorprendente por la afirmación de “ordenes superiores”, debido a que, como ya se especificó, la DIS responde al presidente de la república y al ministro de la presidencia. Véase “Policía de Arias agrede a Diputado del PAC” www.anep.or.cr/leer.php/1746#
[9] El Programa de Administración Superior se encarga de “productos” como la Coordinación del Instituto Costarricense sobre Drogas; Normativa reguladora de las políticas gubernamentales; Estabilidad Nacional; Programa Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas; Seguimiento a las políticas públicas para la persona joven.
[10] Toda la información relacionada a esta cartera se toma del sitio web:http://www.asamblea.go.cr/presupuesto/informes/estudios_presupuesto_2007/Audiencia%20202-2007%20Ministerio%20de%20la%20Presidencia.doc
[11] Por “Principios de Programación” se entiende, de acuerdo al informe, “los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo”.
[12] Fonseca, E. “Gobierno aspira a la tiranía en la democracia”. Comunicado de Prensa del Partido Acción Ciudadana (PAC). Martes 26 de septiembre de 2006. Se puede leer en los boletines del ANEP: http://www.anep.or.cr/boletin/ (énfasis de la autora)
[13] He llamado TLCfilia a ese apoyo incondicional por parte de diferentes grupos hacia el TLC. Pero no es cualquier apoyo, pues ha llegado a niveles casi patológicos sorprendentes. Han desarrollado prácticamente un culto al TLC, tan idéntico -y enfermo- a los dogmas religiosos, de NO discusión sobre el tema, la descalificación (aún no se a llegado a un tipo de Inquisición, en la cual se eliminan a los opositores al dogma), la degradación y censura de todos aquellos que ven en el TLC no como un mecanismo para el desarrollo de los países de la región, sino como una viva representación del imperialismo económico.
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